Detailed Notes on orden de detencion europea y entrega - asistencia legal

Detailed Notes on orden de detencion europea y entrega - asistencia legal

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Mientras la autoridad competente del Estado de ejecución no haya notificado el reconocimiento de la resolución sobre medidas alternativas a la prisión provisional que le hubiera sido transmitida, la autoridad judicial española de emisión seguirá siendo competente para la supervisión de las medidas de vigilancia impuestas.

¿Quién se encarga de la ODE en nuestro país? En lo que respecta a nuestro país, es útil especificar que Italia ejecuta la orden de detención europea según el principio del reconocimiento mutuo, siempre que la orden de detención europea provenga de una autoridad judicial y que, cuando se emita con el fin de ejecutar una pena o medida de seguridad privativa de libertad, la sentencia a ejecutar sea ejecutiva.

Si el Tribunal de Apelación emite un fallo favorable a la entrega, es posible presentar una apelación ante el Tribunal de Casación en un plazo de five días. Esta apelación tiene un efecto suspensivo sobre la entrega y representa una oportunidad para una revisión legal.

Cuando se deniegue o se condicione una orden europea de detención y entrega con fundamento en la nacionalidad española del condenado, el Juez Central de lo Penal aplicará las disposiciones de este Capítulo a efectos de cumplimiento de la condena impuesta en el otro Estado miembro, impidiendo la impunidad del condenado.

¿Qué es la orden de detención europea? En general, la «ODE» (Orden de Detención Europea) es un instrumento de cooperación judicial internacional en materia penal que, al reemplazar todas las disposiciones sobre extradición en las relaciones entre los Estados miembros de la Unión Europea, introduce una disciplina innovadora en lo que respecta a la entrega en las relaciones entre autoridades judiciales en relación a personas afectadas por medidas cautelares o sentencias definitivas.

two. Para el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales que impongan sanciones pecuniarias, además de las señaladas en el apartado anterior, no estarán sometidas al principio de doble tipificación aquellas resoluciones judiciales que castiguen hechos enjuiciados como alguno de los siguientes delitos o infracciones:

Cuando previamente se haya transmitido a otro Estado miembro o se transmita con posterioridad una resolución sobre medidas alternativas a la prisión provisional o de libertad vigilada previstas en esta Ley, las medidas de protección de la víctima o posible víctima se adoptarán de acuerdo con las normas que regulan esas resoluciones y por la autoridad competente para adoptar estas resoluciones, sin perjuicio de que pueda transmitirse a otro Estado miembro distinto una orden europea de protección.

B. Considerando que la orden de detención europea es un procedimiento judicial de entrega transfronterizo, simplificado y acelerado que fue adoptado tras los atentados terroristas del 11 de septiembre y que, desde su puesta en marcha, se ha convertido en el instrumento emblemático y más comúnmente utilizado para el reconocimiento mutuo en materia penal;

one. Una vez que la autoridad competente del Estado de ejecución comunique el reconocimiento de la resolución de libertad vigilada que se le hubiera transmitido, la autoridad judicial española dejará de tener competencia tanto para la vigilancia de las medidas de libertad vigilada, como para adoptar resoluciones ulteriores en relación con la misma, salvo cuando el Estado de ejecución haya hecho declaración en contrario.

El Título VII establece el weblink régimen de reconocimiento de la resolución de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas, en el que se incluyen, con algunas modificaciones, las disposiciones de la Ley 18/2006, de five de junio, para la eficacia en la Unión Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en los procesos penales. Mediante este mecanismo se transmitirán por las autoridades judiciales españolas las medidas de embargo preventivo de bienes o de weblink aseguramiento de pruebas acordadas en procedimientos penales a otros Estados miembros en los que puedan encontrarse los objetos, datos o documentos objeto de la medida. Igualmente se determina la forma en la que las autoridades judiciales españolas van a reconocer y cumplir tales resoluciones cuando provengan de una autoridad judicial de otro Estado miembro.

14. Destaca la importancia de evaluar la inclusión de nuevos delitos o categorías de delitos, como delitos medioambientales (por ejemplo, los delitos por contaminación procedente de buques), determinadas formas de evasión fiscal, delitos de odio, abusos sexuales, violencia de género, delitos cometidos a través de medios digitales, como la usurpación de identidad, delitos que implican el uso de la violencia o una amenaza grave contra el orden público de los Estados miembros y delitos contra la integridad constitucional de los Estados miembros cometidos mediante el uso de la violencia, delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, en el marco de un mayor compromiso de los Estados miembros con la cooperación judicial, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales; subraya que un mayor grado de cooperación judicial respecto de este tipo de delitos ayudaría a la Unión a alcanzar sus propios objetivos prioritarios, reforzando a un tiempo la cultura de respeto de la democracia y el Estado de Derecho en la Unión;

Cuando la persona esté sometida a un procedimiento penal en España por el mismo hecho que haya motivado la orden.

one. El consentimiento o autorización para el enjuiciamiento, condena o detención con vistas a la ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativa de libertad, por toda infracción cometida antes de la entrega de una persona y que sea distinta de la que motivó dicha entrega al Estado español, se presumirá que existe siempre que el Estado de la autoridad judicial de ejecución haya notificado a la Secretaría Common del Consejo de la Unión Europea su disposición favorable al respecto, salvo que en un caso particular la autoridad judicial de ejecución declare lo contrario en su resolución de entrega.

1. El Juez Central de lo Penal reconocerá las resoluciones por las que se imponen penas o medidas privativas de libertad transmitidas por otros Estados miembros de la Unión Europea cuando de esta forma se facilite la reinserción social del condenado y se dé alguna de las weblink siguientes circunstancias: